Las Garantías Judiciales y los Derechos Políticos en el Proceso Disciplinario Colombiano contra funcionarios de Elección Popular

Abstract

La jurisdicción disciplinaria, en específico la competencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en el ius puniendi colombiano, y la tradición procedimental disciplinaria, interpretada por la jurisprudencia de los procesos sancionatorios en Colombia, prima facie se encuentra en armonía con la normativa interamericana. No obstante, revisándose detalladamente sentencias internas e internacionales en donde se establece el alcance de la inhabilitación y destitución por la PGN en su poder preferente disciplinario, los controles de constitucionalidad, legalidad, convencionalidad de sus habilidades expuestas en el marco jurisprudencial nacional e internacional  y analizando las estadísticas sobre funcionarios públicos elegidos popularmente suspendidos, destituidos e inhabilitados por procuradores, es evidente que existe una discordia institucional entre las corporaciones del ordenamiento jurídico interno y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Habiéndose establecido la regla jurisprudencial cuando produjo el efecto de cosa juzgada constitucional en el 2006, se determinó la interpretación de la norma y sus implicaciones. Si bien fueron actualizadas, los vacíos pendientes y cuestiones surgentes se pueden convertir en lagunas de impunidad, por lo cual se aproximará la realidad normativa disciplinaria en Colombia dos años después del Caso Petro Urrego Vs. Colombia.

At first glance, the competence of the PGN in the disciplinary jurisdiction and its procedural tradition interpreted in the Colombian ius puniendi jurisprudence, is in harmony with the international legal standards. Nevertheless, after looking through the national and international decisions that determine the reach of the Ministerio Público, in their preferential disciplinary power to enforce suspensions, destitutions, or disqualifications, within the respective constitutional, legal, and conventional parameters, as well as diving in the suspensions, destitutions, and disqualifications statistics of democratically elected public servants by the competent functionary, the institutional discord between the high courts in Colombia and the Interamerican Court of Human Rights (CIDH) is evident. Having a judicial precedent in existence, fruit of the 2006 Constitutional Court´s ruling, where the constitutional res iudicata effect determined the criteria in the legal interpretations on the same matter. Even though the legal interpretation is up to date, the legal loopholes could become an impunity valley in the upcoming cases, reason the current normative reality will be approximated in the Colombian disciplinary law, two years after the reflections in the 2020 InterAmerican precedent, Caso Petro Urrego Vs. Colombia.