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Derecho de propiedad y políticas públicas de restitución de tierras en Colombia. Caso: Vereda de Montecristo en Montes de María

Resumen

1. La inadecuada atención a la crisis humanitaria que vive el país. La primera conclusión que se tiene en cuenta en este trabajo de investigación es la certeza de que Colombia atraviesa por una crisis humanitaria producto de la ola de violencia generalizada de los últimos veinte años, esta crisis no ha sido afrontada de una forma adecuada por el Estado Colombiano teniendo en cuenta que ha estado muy flojo en la implementación de políticas públicas coherentes y realizables que tiendan a reparar de manera integral a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esta investigación concluye que el trabajo de construcción de políticas públicas tendientes a afrontar la crisis humanitaria en Colombia se ha realizado por un lado de forma tardía, y por otro sin los criterios necesarios para atender la situación de tal forma que las víctimas no se encuentren ante una revictimizaciónpor el mismo Estado. Sin embargo el último año se ha mostrado cierta voluntad por parte del presidente Juan Manuel Santos de saldar según palabras del mismo presidente de la republica la deuda histórica que tiene el Estado con las víctimas de crímenes atroces; en este sentido lo primero que hace el presidente es reconocer que en Colombia aún existe el Conflicto y que se encuentra latente en las regiones, prueba de ello es el despojo y abandono forzado de tierras en todo el territorio nacional y especialmente en la región de los Montes de María tema y región en donde esta investigación hace especial énfasis. Existen en Colombia varias leyes expedidas con el objetivo de afrontar la crisis humanitaria, desde el año de 1997, se expide la ley 387 de 1997 como el primer instrumento que reconoce el problema del desplazamiento forzado masivo, pero esta ley se quedó corta con respecto al problema humanitario de forma integral, se concentró en la atención al desplazamiento forzado y le restó importancia al tema del despojo y abandono forzado, a pesar de que la ley es expedida en 1997 solo hasta 2003 se incluyen en los formularios del registro único de Población desplazada RUPD preguntas sobre patrimonios abandonados, lo que prueba que esta fuente tiene un gran vacío sobre el tema de 1998 a 2003. La Ley 975 de 2005 conocida como de Justicia y Paz, tiene un alcance amplio dirigido a facilitar la desmovilización de grupos armados, reconoce también los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de dichos grupos armados, pero hasta hoy solo se cuenta en el país con solo una sentencia expedida en virtud de la misma y ningún caso de violaciones a los derechos humanos reparado de forma integral.