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dc.contributor.advisorBarrozo Osorio, Tulia del Carmen (Asesor)
dc.contributor.authorGonzález González, Karla Susana
dc.contributor.authorBuendía Macías, Maria Carolina
dc.date.accessioned2015-08-06T21:57:49Z
dc.date.available2015-08-06T21:57:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationT343 / G589es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11227/1342
dc.descriptionTesis (Abogado) -- Universidad de Cartagena. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2010es
dc.description.abstractLa ley de Infancia y Adolescencia contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica actualmente en la mayoría de distritos judiciales en el país. Con este nuevo código pasa lo mismo que con la Constitución Política de 1991: es un dechado de buenas intenciones, pensado para un país con un alto desarrollo social y recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración para los menores infractores y para impulsar programas preventivos. Se parte del presupuesto de que la familia es un ente resocializador pero en estos casos no es así. Es una idea romántica que no se ajusta en nada al esquema de la sociedad colombiana. Es necesario trabajar en dos tiempos: bajar la edad de imputabilidad y comenzar programas preventivos con los niños más pequeños que viven en comunidades vulnerables, afianzando un sistema de valores que en sus hogares prácticamente no existe. Y es que el Código de Infancia y Adolescencia establece que los menores de 14 años que hayan cometido un delito no deben ser juzgados ni declarados responsables penalmente. Esto, parte de un concepto errado de los legisladores que no consideran que los niños y adolescentes de hoy tienen un desarrollo físico y emocional diferente a los de otras generaciones. Por su parte el Estado colombiano al momento de garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos a los cuales deben tener acceso los niños, niñas y adolescentes, contribuye al bienestar colectivo, al estímulo las capacidades personales y por ende la búsqueda de desarrollo. Es por esto que el enfoque de la protección integral resulta de vital importancia pues considera a los niños, niñas y adolescentes, al igual que a su entorno, como agentes estratégicos de desarrollo. El ejercicio de los derechos se constituye en una relación social fruto de la interacción permanente de los individuos, sus familias, las comunidades y el Estado. El grado de inclusión de la temática de protección especial en los planes distritales es significativo en lo referente a los temas de violencia intrafamiliar, niños con limitaciones especiales y uso de sustancias psicoactivas. No obstante, temas como explotación sexual, niños viviendo en la calle, niños trabajadores, niños vinculados al conflicto armado, y adolescentes en problemas con la ley, tienen un grado de inclusión mínimo (35%). Si bien las autoridades locales tienen responsabilidades concretas frente a la protección especial de los niños y niñas a quienes tocan estas conductas delictivas, es un hecho innegable que la defensa integral de la infancia desborda la capacidad institucional y que son muchas las instituciones que tienen responsabilidades con esta problemática, es aquí en donde cobra importancia la articulación intersectorial e institucional para que la administración territorial logre asumir esta responsabilidad con éxito. El abordaje de la protección especial en la planeación local exige de las autoridades territoriales el impulso a la coordinación con otros actores para diseñar programas y proyectos en dos vías: una que centre su atención en la prevención y, la otra, que garantice una adecuada atención a fin de lograr la restitución efectiva de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que requieren protección especial. Actualmente los niños y adolescentes de Cartagena participan de la consulta política "Voces escuchadas, voces que deciden", la cual busca construir con voz y voto de los menores la 'Política pública de infancia y adolescencia'. Para la inclusión de los pequeños cartageneros se instauraron unos foros en las tres localidades de la ciudad, incluyendo los corregimientos. Con la 'Política pública de infancia y adolescencia', los niños de la ciudad podrán experimentar garantía de derechos. Es por eso que se han abierto estos espacios para que ellos puedan participar de manera activa y decirles a los adultos qué quieren que se consigne en esta política pública. La participación de los menores en la construcción de su propia política pública es importante dado que todas las leyes que existen, tanto internacionales como nacionales, le dan protección especial a la niñez, por ello en Cartagena, la secretaría de Participación y Desarrollo Social y otras organizaciones, están trabajando para que con las niñas, niños y adolescentes se formule una política que ayude a garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y que prevenga en gran manera la comisión de conductas punibles por partes de estos menores. El proceso de descentralización que vive el país no es únicamente de responsabilidades y transferencia de recursos financieros a los entes territoriales, implica además la descentralización política lo cual exige un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil para la identificación e impulso de acciones que permitan, desde el nivel local, enfrentar los problemas sociales, políticos y económicos, y la promoción de nuevas formas de organización encaminadas a ejercer control social sobre la gestión pública y a participar en la formulación e implementación de políticas públicas incluyentes y orientadas a la búsqueda de la equidad social. Lo anterior supone que el municipio sea el espacio para la expresión social y que la toma de decisiones públicas sea un ejercicio democrático, y que en él se desarrollen las acciones tendientes a fortalecer la participación y el ejercicio del control social. Si los niños, niñas y jóvenes no son prioritarios para la sociedad, difícilmente lo serán en los planes de desarrollo locales. Es por esta razón que en Cartagena se está trabajando para que los menores hagan parte en la construcción de la política pública que le compete. Es necesario avanzar en la institucionalización de la participación en las políticas públicas pero también en la búsqueda de nuevas formas de asociación de los municipios, que no solo permitan administrar servicios sociales y públicos eficientes y eficaces sino también dar cuenta de problemáticas estructurales como las relacionadas con los derechos de la infancia y la adolescencia. Es necesario entonces reflexionar acerca de la debilidad de la planeación local para garantizar el desarrollo, sustento y protección de la infancia cartagenera, y evaluar cómo enfrentará el futuro el grupo más importante y también más vulnerable de la sociedad, éste es el reto del nivel nacional. Programar la inversión social dirigida a la infancia, la adolescencia y al ambiente sano basada en acciones positivas, y avanzar hacia modelos de gestión pública participativos y eficaces, es el reto de las administraciones territoriales. Asumir responsablemente y con respuestas de calidad los retos nacionales y territoriales nos permitirá construir un país en el que los niños, niñas y jóvenes puedan gozar de sus derechos y vivir en dignidad.es
dc.format.mediumapplication/pdf
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad de Cartagenaes
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.titleEficacia de las Medidas de Protección Para Prevenir la Infracción Penal en los Niños, Niñas y Adolescentes en la Ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C.es
dc.typethesises
dc.rights.accessopenAccess


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