Políticas liberales y resguardos indígenas. El caso del estado soberano de Bolívar 1863 -1885
Padilla Díaz, Yorsi Galena | 2013
Aun que parezca solo un refrán popular, es claro que el pasado sigue siendo la base sobre la se ha construido el presente, por que al igual que hoy donde las familias y los apellidos más poderosos determinan el rumbo del país, a mediados del siglo XIX también fueron las familias de los grandes empresarios y políticos los que ejercieron la más fuerte presión sobre las tierras de los resguardos. Durante largo tiempo existió un desequilibrio que no definía una posición fija frente al tema de las tierras indígenas, mientras unos pedían su abolición, otros abogaban por la protección. Puede que aquellos quienes pedían proteger a los nativos, quizás tenían claro que estos habían sido golpeados, atacados y era necesario que se les respetara, pero el ideal de quienes realmente manejaban el poder era totalmente contrario, solo buscaban esconder a los indígenas bojo una capa llamada ciudadanía, concepto que los pondría en una contradicción, porque puede que esa nueva identificación por así llamarla, les diera unos nuevo beneficios ,sin embargo dejar de ser indígenas para ser ciudadanos tendría como costo la pérdida no solo de sus tierras y de sus costumbre, si no sobre todo la pérdida misma de verdadera identidad. Identidad que no se puede dejar de resaltar dentro de la configuración étnica del estado. Todo el interés de ganaderos, hacendados y demás por las tierras de los indígenas llevo a que de los 26 resguardos existentes al inicio del siglo XIX solo lograran sobre vivir. Un gran ejemplo de cómo estos proyectos de ley que se generaron a partir de mediado del siglo XIX, fueron elemento poderoso en el camino hacia la supresión de los resguardos indígenas ,es la manera como se llevo a cavo la expropiación de las tierras del resguardo indígena de Tubará, cuando hacia 1886 el juzgado1° de Barranquilla expide la sentencia que declaraba bien vacante las tierras de resguardo de Tubará, la manera en que se lleva todo el proceso pasa por alto los elementos más importantes de la Normatividad jurídica que legalmente sustentaba la expropiación. En un país como el nuestro está demostrado, que las leyes favorecen a quienes saben manipularlas y conocen las artimañas jurídicas, esas misma que se utilizaron a la hora de expropiar las tierras de los indígenas como las de Tubará. Aducir abandono, ausencia de títulos de propiedad, etc. Declarar bien vacante unas tierras sin que nadie se enterara, estaba en contravía con la ley 51 de 1884 “sobre movilización de propiedad raíz en Bolívar” que claramente definía que se anunciara en dos de los periódicos de mayor circulación publicados en el estado, y que a falta de estos en cualquier otro, por lo menos cinco veces en cada uno.42 Nada de estos elementos se tuvo en cuenta, simplemente esos mismo que acudían a la constitución y las leyes para exigir su cumplimiento, fueron los mismos que en 1886 les importo poco lo que planteaban las leyes, y simplemente fueron detrás de sus intereses, me refiero específicamente a los intereses de la familia Palacio, especialmente a Gregorio, Manuel María, y Rafael. Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1884. María Palacio Vargas, vinculados a Tubará desde comienzos del siglo XIX,43 una familia perteneciente a la “Nobleza” de la villa de Barranquilla y para nuestra sorpresa los Palacios hacían parte de ese grupo de empresario que hizo sus inversiones en tierras, haciendas, trasporte, remate de impuesto , etc. Esta familia logra consolidar su poderío en el último cuarto del siglo XIX, y a través de las redes de cooperación que alcanzaron a formar, logran un protagonismo Político que les garantizaba el ejercicio del poder, lo que genera mucha sospecha es que como bien lo plantean Solano y Flórez, la base de operaciones de esta familia eran los resguardos de Galapa y Tubará44 de una u otra forma la familia palacio logro tener incidencia en algunos indígenas que habitaban estos resguardo, y aprovechando la presencia de Francisco de J. Palacio en la Gobernación de la provincia de Barranquilla, solicitaban insistentemente a los gobiernos centrales que Tubará perdiera la condición de tierra de resguardos para que esta manera se impulsara el desarrollo de la ganadería.
Una y otra vez se pedía que aplicaran las leyes, acusando a los indígenas de privilegiados, indolentes, y sobre todo consideraban que los derechos de los cuales gozaban los indígenas eran ilegítimos. Una vez más el poder de un apellido pasa por enzima de los derechos que sobre sus tierras tenían estos indígenas por que finalmente la familia palacio logro su cometido. Está demostrado que Para los liberales del siglo XIX, el problema indígena era, sobre todo, agrario, por lo que consideraban necesario aplicar de manera fiel la política burgués llamada individualismo. En el momento que toma el federalismo como principio político, deja de lado las diferencias culturales, lo que trajo que como “Resguardos indígenas en el Caribe Colombiano durante el siglo XIX” en: Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales. Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes. n° 19, enero-junio 2011. Resultado que etnias como la indígena quedaron al margen. Estos pueblos dejaron de ser vistos como tal, sus miembros serian tomados como individuos, como ciudadanos, por que el ideal liberal en su afán por crear la nación civilizada se negaban a aceptar la personalidad india. El gran paso a la modernidad se daría de forma temprana
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